1. Medidas laborales
Se
permite que las empresas afectadas por la situación puedan alegar causa mayor y
poner en marcha Expedientes Reguladores Temporales de Empleo (ERTE), es
decir, que puedan despedir de forma temporal a sus trabajadores o
reducir sus jornadas.
Durante
el tiempo de reducción o despido temporal, las empresas no tendrán que pagar
las cuotas de la Seguridad Social si tienen menos de 50 trabajadores. Las que
tengan más pagarán el 25% de dichas cuotas.
Todas estas medidas laborales están supeditadas a que
las empresas mantengan el empleo durante seis meses desde la reanudación de la
actividad.
En
esos casos, los empleados podrán recibir la prestación por desempleo aunque
no hayan cotizado el tiempo mínimo exigido y ese subsidio no contará en un
futuro a la hora de calcular cuánto han gastado de prestación. Eso sí, el
contrato debe ser anterior a la entrada en vigor de este Decreto Ley. Para
calcular ese subsidio, se tendrán en cuenta los 180 últimos días trabajados o,
si son menos, los que haya estado empleado en esa empresa.
Los autónomos que,
a causa de las medidas de contención del coronavirus, tengan que cesar su
actividad o vean reducida su facturación al menos un 75% -datos del mes
anterior a la solicitud con respecto al promedio semestral- podrán pedir una ayuda
extra. Se trata de una prestación “excepcional”, que durará solo un
mes o, en caso de que el estado de alarma dure más de ese tiempo, hasta el
último día. Y que contará como periodo cotizado. Supondrá el 70% de la
base reguladora. Para recibirla deben estar al corriente de pagos con la
Seguridad Social.
Quienes
no puedan trabajar porque tengan que cuidar de menores -por la
cancelación de las clases-, mayores o personas dependientes, ya sea el cónyuge
o pareja de hecho o familiares hasta de segundo grado, y trabajen como
asalariados, tienen derecho a que la empresa adapte o reduzca su
jornada, incluso hasta el 100%. La adaptación de la jornada puede incluir
cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o
continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la
forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a
distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones laborales. En los casos en
los que el trabajador ya tuviera reducción o adaptación de jornada, puede
modificarla o ampliarla.
Para fomentar el teletrabajo, se permitirá que quienes lo hagan desde casa solo tengan que afirmar en un documento que cumplen las condiciones de riesgos laborales, sin necesidad de pasar por el habitual proceso de evaluación del puesto de trabajo. Además, el decreto establece que se fomentará este tipo de trabajo a distancia por encima de despidos o reducciones de jornada siempre que sea posible.
2. Apoyo a personas vulnerables
El
Decreto Ley también impone una moratoria del pago de hipotecas para
personas vulnerables que vean rebajados sus ingresos a consecuencia de
la crisis, que podrán solicitar al banco a partir del 19 de marzo, acreditando
que cumplen las condiciones que marca el Gobierno. Esta moratoria no
provocará intereses.
¿Quiénes pueden pedir una
moratoria de la hipoteca?
Deben cumplir todas y cada una de estas condiciones:
- Haber perdido el empleo o, en el caso de empresarios y autónomos, haber sufrido una
pérdida sustancial en sus ingresos o ventas (al menos de un 40%).
- Que el pago
de la hipoteca y los suministros básicos suponga el 35% o más de los
ingresos netos de la unidad familiar.
- Que el
esfuerzo para el pago de la hipoteca haya crecido, esto es, que se haya multiplicado
por 1,3 ese porcentaje de los ingresos destinados a la cuota.
- Que los
ingresos de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud no
superen:
- Tres veces
el IPREM (1.613,52 euros). Cuatro veces en caso de que la familia cuente
con algún miembro con discapacidad, dependiente o incapacitado. Cinco
veces si el deudor es discapacitado físico de al menos un 65%, o mental
de un 33%, o en casos de enfermedad grave que no le permita trabajar.
- Estas
cantidades se incrementarán 0,1 veces el IPREM por cada mayor de 65 años
y por cada hijo (0,15 veces en familias monoparentales).
El
Gobierno prohíbe el corte de los suministros de agua, electricidad, gas natural
y telecomunicaciones a familias que sean consideradas vulnerables según los baremos
establecidos para conceder el bono social, las ayudas al
pago de la luz. Eso sí, esa prohibición entrará en vigor en abril.
Además, se prorroga a septiembre de 2020 el plazo para pedir esa subvención
para hacer frente a la factura eléctrica para quienes sean beneficiarios del
anterior bono social y estén obligados a pasarse al nuevo.
Además,
en este caso para cualquier ciudadano: el texto legal prohíbe
el corte de las comunicaciones e internet por razones que no sean de seguridad durante
el estado de alarma. Y las compañías deberán suspender cualquier portabilidad
de línea de fijo o móvil.
El
precio del gas natural y del butano no se actualizarán. Así, para este último,
quedará fijo a 13,37 euros la bombona.
Además,
el Gobierno transfiere 300 millones (y no 600, como anunció ayer
Pedro Sánchez y se recoge en las referencias del Consejo de Ministros) a las
comunidades autónomas y las entidades locales para las prestaciones básicas de
sus servicios sociales, como la asistencia domiciliaria a mayores y personas
dependientes. Y permite que las entidades locales destinen su superávit a estas
prestaciones. De ese superavit es de donde podrían salir los otros 300 millones
que faltan.
3. Aplazamientos
El
Decreto Ley también suspende las ejecuciones hipotecarias (desahucios) y los
plazos de pago de deudas tributarias hasta el 30 a abril de 2020, siempre que
los procedimientos se hubieran iniciado antes de su entrada en vigor hoy mismo.
Todas las personas que tengan que darse de alta en el
paro o reanudar las prestaciones y lo hagan fuera de plazo: no se reducirá la
ayuda a la que tienen derecho. Y los servicios públicos de empleo podrán prorrogar
de formar automática tanto el subsidio como las ayudas a mayores de 52 años sin
necesidad de que el trabajador presente su solicitud.
En
paralelo, los plazos para devolución de productos comprados en persona o por
internet se suspenden durante la vigencia del estado de alarma.
El
Decreto Ley amplía hasta el 13 de marzo de 2021 y de forma automática
la validez de los DNI caducados desde la entrada en vigor del estado de alarma.
4. Posible suspensión de contratos públicos
El
Decreto Ley establece la posibilidad de suspender o ampliar contratos públicos
y resarcir, en algunos casos, a las empresas, siempre que justifiquen que los
retrasos o paralizaciones están vinculadas a los efectos de la crisis y del
estado de alarma.
Así,
los contratos de suministros y servicios se podrán suspender durante el tiempo
que dure la crisis y los empresarios podrán recibir daños y perjuicios para
paliar el pago extra de salarios, alquileres, costes de producción o seguros
durante el paro. Además, en caso de contratos sucesivos, se podrán prorrogar
los actuales hasta que se pueda licitar un nuevo expediente.
En
los contratos de obras que se debieran terminar desde el 14 de marzo y hasta
que dure el estado de alarma, los empresarios podrán retrasar su ejecución y
exigir a las administraciones públicas hasta un 10% más del precio inicial. Y,
en las concesiones, se podrá garantizar lo que se llama el “equilibrio
económico” del contrato, ya sea ampliando su duración hasta un 15% más o
modificando las condiciones económicas.
Eso
sí, excluye de estas medidas a los servicios o suministros
sanitarios, farmacéuticos o cualquier otro vinculado a atajar la crisis
sanitaria; los contratos de seguridad, limpieza o mantenimiento de sistemas
informáticos; aquellos destinados a garantizar la movilidad y seguridad de
infraestructuras o transportes; y los firmados por empresas públicas que
coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales
del Estado.
Para
la celebración de convenios relacionados con la crisis, el decreto suprime
algunos requisitos previos como la memoria justificativa, informes jurídicos y
otros estudios previos, las autorizaciones previas de los ministerios de Hacienda
y de Presidencia así como el visto bueno final del Consejo de Ministros.
Además, para su entrada en vigor ya no será necesaria su publicación previa en
un boletín oficial.
5. Avales a empresas y nuevos préstamos blandos
Para
dar liquidez a las empresas, el Gobierno aprueba una nueva línea de avales de
100 millones de euros. Y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) podrá ampliar su
endeudamiento neto en 10.000 millones de euros para poder dar más créditos.
Además,
crea una línea aseguradora de 2.000 millones de euros para las empresas
exportadoras que vean afectada su actividad por la crisis.
En
paralelo, las sociedades y fundaciones podrán firmar acuerdos de forma no
presencial y quedan suspendidos los plazos de presentación de informes de
gestión, cierres de ejercicio y cuentas anuales. Y también amplía los
plazos de remisión de información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) de las empresas cotizadas.
6. Veto a la inversión de empresas extranjeras
El
Gobierno modifica las normas de inversión para evitar que empresas de fuera de
la Unión Europea se hagan con sectores clave aprovechando la caída bursátil.
Así, se solicitará autorización, y se podrá denegar, cuando las inversiones
supongan el control efectivo o más del 10% del capital en varios sectores
clave: infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales; tecnologías
críticas, como las relacionadas con defensa o ciberseguridad, nanotecnología y
biotecnología; sectores con acceso a información sensible como datos
personales; y medios de comunicación.
Además
de en estos sectores, también se podrán vetar las inversiones de empresas
extranjeras controladas por otros gobiernos, aquellas cuyas inversiones hayan
afectado a la seguridad o la salud en otros estados miembros de la UE o las que
tengan procedimientos abiertos por conductas delictivas o ilegales.
7. Ayudas a la investigación
El
Gobierno señala que el “control efectivo” de la pandemia también incluye las
tareas científicas “que impidan nuevos escenarios de contagios generalizados”.
Para ello, el Ejecutivo establece una inyección de casi 30 millones de euros
para investigación contra el coronavirus. La financiación irá
destinada al Centro Nacional de Biotecnología (CNB), un
organismo de excelencia dependiente del CSIC, que recibirá algo
más de 4 millones de euros, y al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII),
que contará con una partida superior a los 25 millones de euros. Según ha
señalado el Ministerio de Ciencia en una nota de prensa, el dinero irá destinado a proyectos
dirigidos a entender el nuevo virus y los mecanismos que usa para infectar a
los humanos, así como a iniciativas para avanzar en el posible desarrollo de
tratamientos y vacunas e implementar sistemas que permitan vigilar mejor este
tipo de pandemias. También habrá una partida menor para cubrir necesidades
excepcionales en el marco de esta crisis sanitaria. En paralelo, el Gobierno
establece la posibilidad de financiar líneas de I+D de PYMES y empresas de
mediana capitalización mediante préstamos gestionados por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Además,
el Real Decreto-ley acorta los plazos de autorización para desarrollar
organismos modificados genéticamente siempre que tengan como objetivo
“prevenir, combatir o contener la epidemia de coronavirus”. En ese sentido, el
Gobierno habilita al Centro Nacional de Biotecnología para que pueda construir
virus recombinantes basados en el genoma del coronavirus SARS-CoV-2 en sus
instalaciones. El Ejecutivo también autoriza a las entidades científicas a
realizar contratos indefinidos y temporales para la investigación asociada con
el coronavirus.
En
material laboral, el Real Decreto-ley da luz verde a la gestión de servicios
mínimos y a la realización de horas extraordinarias, que serán compensadas “a
través del complemento de productividad o gratificaciones extraordinarias”. Por
último, el Gobierno incluye una modificación de la Ley de la Ciencia y suprime la Comisión Delegada
del Gobierno para la Política Científica, Tecnológica y de Innovación, aunque
no indica los motivos.
